Nuevo León, la guerra del narco por el norte

La caída de Monterrey

¿Cómo medir los efectos de la guerra contra el narco declarada por Felipe Calderón?

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En el norte de México podemos encontrar algunas respuestas. Con 50 mil muertos, 20 mil desaparecidos, millón y medio de desplazados, la guerra ha causado una estela de terror y dolor.

El universo interminable de barbarie se compone de historias, escenas y estampas de salvajismo cada vez más alejado de lo humano. El camino de horror tiene su epicentro en los estados fronterizos. La droga que consumen en Estados Unidos es enviada a sangre y fuego.

Tijuana, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas son zonas en guerra bajo el control y dominio de los cárteles de la droga que se disputan el territorio mexicano. Los grandes capos son los amos y señores. Son ellos los que quitan y ponen gobernadores, alcaldes, autoridades, policías. ¿La guerra ha debilitado a los cárteles de la droga? Los hechos dan la respuesta: si antes había siete cárteles, ahora hay más de catorce; si antes existía una docena de grupos delincuenciales funcionando a su alrededor, hoy hay un centenar; si antes había 100 muertos, hoy hay 10 mil; si antes ocurrían 400 secuestros hoy hay 4 mil. Es la multiplicación del crimen organizado y la tragedia. Felipe Calderón no midió las consecuencias al abrir la caja de Pandora. Emprendió una guerra sin depurar los cientos de corporaciones policiacas que existen en el país penetradas por el narco. Empezó un combate desigual contra los cárteles, dejando a uno en particular actuar a sus anchas. Lanzó a la calle a un Ejército y a una Marina sin preparación, y ahora son las instituciones con mayor número de quejas por violaciones a los derechos humanos. El avispero se enloqueció.

Monterrey es el mayor símbolo del fracaso de la guerra de Felipe Calderón. Otrora orgullo de México, la ciudad empresarial por antonomasia, la Sultana del Norte, la joya de la corona, la ciudad industrial sucumbió ante la violencia inmersa en un baño de sangre. La caída de Monterrey es también la caída de México, la ruina de un gobierno.

Las escenas del nuevo Monterrey provocan vértigo. La ciudad ha cambiado tanto que recorrer las calles del centro por la noche es caminar en una ciudad fantasma. La vida nocturna ha quedado cancelada. La gente está encerrada o asustada. La militarización de la ciudad no ha traído bienestar, por el contrario, 75 por ciento de los negocios cerró. Se perdieron más de 5 mil empleos. Las extorsiones, el cobro de piso y los robos lograron su objetivo.

El secuestro es la industria más próspera. Miles de personas son privadas de su libertad ante la mirada cómplice y atenta de algunas policías. Los asesinatos son cada vez más sanguinarios. La escalada de violencia alcanza niveles insospechados que rozan el primitivismo.

Los delitos violentos crecieron 221 por ciento. En los primeros seis meses de 2011 Nuevo León se convirtió en el estado más violento de la República con 856 ejecuciones. Muy pronto llegó a los mil muertos y pronto también se registró la semana más trágica con 71 asesinados y el incremento de los feminicidios. El ejecutómetro suma y suma.

Monterrey es objeto de deseo. La plaza, lugar importantísimo para el trasiego de droga al vecino país, vale 40 millones de dólares al día. Quien tiene Monterrey tiene el poder. Por eso se la disputan casi todos: los Zetas, el cártel del Golfo, el cártel de Sinaloa, los Beltrán Leyva, la Familia Michoacana, el cártel del Milenio, la Federación, y un largo etcétera.

En medio de la maraña de cifras y costos de la guerra surgen historias que hay que contar, información que es necesario visibilizar, investigaciones que desvelar. ¿Cómo entender los efectos de esta guerra? Explorando sus aristas, contemplando el horror de frente para evitarlo, buscando una luz de esperanza en el heroísmo de muchos, mostrando un punto de reflexión para el consuelo, para cambiar de rumbo, para buscar un futuro mejor.

La pesadilla

Durante sus tres fundaciones, Monterrey resistió la batalla de los indígenas, los embates de la inquisición y la rebelión de los nativos, pero nunca antes en su historia había vivido una guerra urbana irregular como la de los últimos meses. Nuevo León fue uno de los estados menos afectados por la Independencia; tampoco la Revolución pudo con la Sultana del Norte, ya consolidada como capital industral de México. Su historia de guerra de guerrillas, sin embargo, es importante y se explica por la endémica desigualdad social y el aumento vertiginoso de la oligarquía al ritmo del crecimiento de la extrema pobreza. ¿Está pagando Monterrey finalmente la factura de su desigualdad?

Los acontecimientos de los últimos meses han aterrizado a la población: más de 30 bloqueos vehiculares del crimen organizado sitiaron la ciudad, las balaceras en las calles dejaron varios cadáveres de civiles, mientras el Ejército escondía las identificaciones de los jóvenes asesinados y la Marina enfrentaba la sospecha de ejecuciones extrajudiciales contra narcomenudistas. El caos.

Según Javier Livas, analista político: “Nos encontramos en una guerra irregular. Es el colapso total de las instituciones de Nuevo León. Todo se derrumba como un castillo de barajas”, dice.

El gobernador, “rebasado”

Monterrey ha sido escenario de manifestaciones ciudadanas, pero la más convertida fue la marcha organizada por el gobernador Rodrigo Medina con el lema: “Si no marchas, apoyas al narco”. En cambio, los estudiantes agrupados exigen al mandatario estatal que en lugar de marchar se marche y dimita, ya que ha demostrado haber quedado rebasado por la situación: “Medina es el principal responsable de la seguridad en el estado y convoca a manifestarse contra él mismo. Estamos viviendo en la ingobernabilidad. El gobierno de Medina nos ha demostrado que no sabe qué hacer, no tiene estrategias. Agacha la cabeza y rechaza el diálogo con la ciudadanía”, dice David Pulido, estudiante del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y portavoz del movimiento Propuesta de Nuevo León.

Las circustancias que rodearon el asesinato de los estudiantes del TEC —a la entrada del recinto educativo— dieron un vuelco a la vida cotidiana de la ciudad por la vulnerabilidad que representa tocar un segmento de la población que hasta ahora parecía al margen. El miedo se ha apoderado de la ciudadanía. Por la noche, las calles, restaurantes y antros de la ciudad están semivacíos. El servicio de comida a domicilio y otros productos se ha disparado y los medios de comunicación electrónicos transmiten recomendaciones a la población para resguardarse en caso de balaceras.

“Monterrey ha estado dormida mucho tiempo. La sociedad y el gobierno habían considerado el narcotráfico como algo periférico. Debimos asumir mucho antes nuestra ciudadanía y la indignación, sobre todo por la muerte de los dos estudiantes del Tec. La reacción que estamos viendo tiene que ver con el asesinato de estos dos chavos porque son del Tec, porque eso movilizó a una clase social: la empresarial, que no está acostumbrada a protestar, ni a involucrarse en esta guerra de baja intensidad. Hay una descomposición del tejido social en la ciudad y estas muertes han detonado que reaccionemos”, comentó Pulido.

De manera inédita, el Departamento de Relaciones Internaciones y Ciencia Política del Tec publicó un manifiesto para exigir respeto a las garantías individuales de la llamada “guerra contra el narcotráfico” y justicia por los dos estudiantes asesinados: “Reclamamos una investigación justa y transparente de los hechos de parte de todas las instituciones involucradas, y convocamos a la comunidad estudiantil y académica a defender los derechos ciudadanos fundamentales”.

Las voces críticas contra el rector del Tec, Rafael Rangel Sostmann, consideran “tibia y condescendiente” con las autoridades su reacción ante el cúmulo de irregularidades que rodearon la muerte de Jorge Antonio Mercado y Javier Francisco Arredondo.

Son muchas las preguntas que el rector no ha contestado, señala Pulido: “Nada está claro aún. ¿Qué ocurrió verdaderamente en esa balacera? ¿Por qué las autoridades se llevaron los videos? ¿Por qué el Ejército se llevó las identificaciones de nuestros dos compañeros? ¿Por qué les sembraron armas? ¿Por qué estaban golpeados?

Las sospechas

La actuación del Ejército y la Marina en la crisis de seguridad actual que vive Nuevo León también ha sido seriamente cuestionada por organismos de derechos humanos.

El asesinato extrajudicial de un presunto narcomenudista detenido en Santa Catarina por elementos de la Marina junto con otra persona también acusada de narcotráfico, ha levantado sospechas sobre el modus operandi de las fuerzas armadas en cuestión de derechos humanos. El caso salió a la luz pública porque ambos detenidos fueron fotografiados por la prensa en el momento de su captura. Posteriormente, el cadáver del primero de ellos fue encontrado en un terreno baldío.

“Los militares están asesinando. No se vale que maten indiscriminadamente a la gente. Queremos saber si el Ejército tiene permiso para matar, porque pareciera que traen una orden directa de ejecutar y después ni averiguan. Cuando dicen que son delincuentes nadie los mueve, y les siembran armas para justificar el asesinato”, dice Consuelo Morales, directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, organización que emitió un comunicado para exigir fin a esos crímenes.

De acuerdo con Morales, lo ocurrido con los dos estudiantes asesinados en el Tec es un ejemplo claro de la forma de actuar de las fuerzas armadas, particularmente porque los militares se justifican de manera inmediata señalando a los muertos como delincuentes, sicarios o narcos.

“Nos estamos tragando la idea de que toda la gente a la que matan los militares es delincuente, y eso pretendieron hacernos creer con los alumnos del Tec, a quienesen un principio señalaron como sicarios y les sembraron armas, pero como eran de una clases social especial, pues no les salió bien el montaje”, dice Morales.

La reacción del Ejército fue inmediata. Para defenderse de las acusaciones publicó en los medios de comunicación un desplegado asegurando que los militares no asesinan: “Sí son asesinos, señores militares. Y tienen que ser juzgados como tales porque están matando gente. Si son delincuentes o no, deberían ser juzgados. Para eso existen los tribunales. Todos tenemos derecho a un juicio justo. Hay sumisión del gobernador Rodrigo Medina, quien está rebasado por la situación y, por otra parte, hay gente que aún sigue considerando que el Ejército es la salvación. Y no la es”.

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