San Fernando, la masacre de los 72 también es crimen de Estado

En este caso reina la impunidad, aseguran activistas

La masacre de San Fernando tiene el sello del Ejército

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FotoFélix Francisco Garza Martínez, abogado del capitán Alger Francisco Alba Arce. Foto Sanjuana Martínez

Sanjuana Martínez
Especial para La Jornada
Periódico La Jornada
Domingo 20 de agosto de 2017, p. 7
Pasado mañana se cumplen siete años de esta masacre, sin que los familiares de las víctimas hayan tenido acceso a la justicia ni a la verdad, según lo consideran defensores de derechos humanos y de los migrantes que externan su certeza de que este crimen fue cometido por integrantes de las fuerzas armadas.

¿Cuántos militares están involucrados en esta matanza? El capitán Alger Francisco Alba Arce, preso en la prisión del Campo Militar Número Uno, es señalado por compañeros de cárcel y algunos sobrevivientes y activistas, como uno de los responsables.

Sin embargo, su abogado, Félix Francisco Garza Martínez, se niega a revelar los delitos que se le imputan. En entrevista con La Jornada, el litigante, identificado como un narcoabogado por la defensa de algunos de sus clientes, como Miguel Ángel Félix Gallardo, los Hermosillo, el militar Mario Arturo Acosta Chaparro o el general José de Jesús Gutiérrez Rebollo, señala que el expediente de este capitán del Ejército es top secret.

Los amparos de un capitán

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Pero según datos obtenidos mediante la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de los cuales La Jornada posee una copia, el capitán Alba Arce ha interpuesto una veintena de amparos contra el director de la prisión militar para evitar su traslado a una cárcel civil; contra el general Salvador Cienfuegos Zepeda, y los jueces cuarto y primero adscritos a la primera Región Militar, por otras razones que tienen que ver con su sentencia y auto de formal prisión.

“No le doy informes porque son totalmente confidenciales y el derecho de mi cliente a que no se le publique cuestiones que no tiene. Interponer amparos es un derecho que tiene y que yo debo ejercer para darle la mayor protección… Yo no voy a la yugular”, dice en su despacho ubicado en la colonia Narvarte, en Ciudad de México.

Con música clásica de fondo, fumando de manera permanente, este abogado egresado de la UNAM, delgado, con el pelo cano y las facciones recias, contesta las preguntas, muy seguro de sí mismo.

–Los informes que me han dado es que el capitán tiene dos causas por delincuencia organizada, dos por delitos contra la salud y una abierta por la matanza de San Fernando

–Usted me pretende cuestionar respecto de un procesado cuyos asuntos no guardan relevancia.

–¿Por qué está en una prisión militar si debería estar en una civil?

–Es un problema de carácter constitucional; los jueces se equivocan. Yo vivo de los errores de los jueces.

–¿En que se equivocaron con el capitán Alba Arce?

–En que le están aplicando disposiciones del precepto 13 constitucional que no le son aplicables a ningún civil. (Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero… los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército.) Yo estoy en la ingeniería jurídica. Los asuntos de este hombre no tienen relevancia ni por curiosidad periodística. El señor debería estar en su casa y se va a ir a su casa”.

–¿Eso quiere decir que es inocente de los cargos que le imputan: desertar del Ejército para unirse primero al cártel del Golfo, luego a Los Zetas y convertirse en un kaibil?

–No hablo de inocencia, no hablo de nada. Usted puede especular todo lo que quiera. Lo que puedo decir es que el señor va a estar en su casa; las especulaciones ni me interesan. Ni los periódicos leo.

–Usted está señalado como un narcoabogado…

–¡Me vale! La gente tiene derecho a llamarme como le dé la gana.

–Hay quejas contra Alba Arce en la prisión

–Debería de haberlas, porque no es una prisión ordinaria para él.

–Hay quejas sobre el poder que él tiene dentro de la prisión, como vender droga.

–Eso es un delito; si alguien lo puede acreditar, que lo haga y ya.

–Él ya no es capitán, desertó. ¿Por qué está en una prisión militar?

–Usted cree que alguien quiere estar ahí.

–Pues está metiendo amparos para no ir a una prisión civil

–Lea lo que resolvieron, no lo que se pide.

–Pues está tachado, hay mucho secretismo y eso lo debería saber la sociedad.

–Nadie tiene derecho, es el derecho de mi cliente.

–¿Y la transparencia?

–Pídasela a la autoridad.

–¿Y los delitos que le imputan?

–Los delitos se pueden admitir hasta que haya una sentencia firme e irrevocable. Mis clientes tienen derecho de la defensa legítima.

–¿Usted cree que las imputaciones contra el capitán Alger son ilegales?

–Todas las imputaciones son ilegales, con tendencia a legalizarse. Los hechos negativos no se pueden probar.

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–¿Usted defendería a alguien que ha hecho una masacre de 72 personas?

–O a un millón, da exactamente lo mismo. Yo no entro al juego de los ayotzinapos ni de los tlatlayos. Yo los defendería completamente si son civiles o militares.

–Pero los militares se supone que son gente que no debe cometer estos crímenes.

–Estamos hablando de cometer, y eso está en tela de juicio y no podemos hablar de un proceso.

–¿Cuáles son sus principios éticos y morales? ¿Por qué se rige?

–Por el dharma. (enseñanzas de Buda protegen del sufrimiento.)

–¿Y el alma? ¿Su alma cómo está después de defender a estos señores?

–Maravillosamente. Totalmente armónica. Dios y yo somos uno.

–A veces defiende a unos criminalazos como éste…

–Pues así les dicen; a mí que me lo demuestren.

–Para usted nadie es culpable a priori.

–Ni a posteriori. Lo que mi cliente hizo o realizó es altamente posible que encuentre una excelente justificación y, como consecuencia, una exoneración.

–¿Aunque sea por graves violaciones a los derechos humanos, como el caso del capitán Alger?

–Absolutamente. ¿Qué él no es titular de derechos humanos también?

–¿Usted tiene la certeza que le están violando los derechos humanos en esa prisión militar?

–En todas las prisiones se violan derechos.

–Entonces, ¿no se cuestiona en su fuero interno defender esta gente?

–Al contrario, me convenzo de que estoy haciendo lo correcto.

–¿Y las víctimas? Usted sabe que no sólo fue una masacre de 72 migrantes, sino más de 300 en San Fernando, todos pobres y centroamericanos la mayoría…

–Cuando se internaron en este país, legal o ilegalmente, el Estado mexicano debió asumir su responsabilidad protectora. No lo hizo. ¿Qué me interesa quién los ejecutó? ¡Mátalos en caliente! (Un dicho desde Porfirio Díaz.) Y así fue… Nadie ha jalado el gatillo. Exonerado por el hecho de que el Estado es el obligado de proteger a los seres humanos que se les ocurre pasar por aquí.

–Pero un representante del Estado es un militar…

–No necesariamente. El policía de tránsito, el juez, el ministro… todos son representantes del Estado, ¿por qué enfocar sólo al del ámbito castrense?

–Porque se supone que ellos están allí para velar por nuestra seguridad

–¿Y no es la misma obligación que tiene el representante de esta delegación?

–Pero eso no exonera al militar.

–Tampoco lo incluye. No era el único representante armado del Estado allí.

–¿Me puede permitir acceso al expediente?

–No. Top secret.

–¿Cuánto le cobra al capitán Alger?

–No creo que le incumba.

–¿Usted cree que el capitán me dé una entrevista?

–Apunte lo que quiere y se lo doy.

–Sería sobre su paso por Los Zetas, su formación kaibil y la matanza de San Fernando.

–Apúnteselo, por si quiere. Punto.

–Por cierto, usted está en el libro de los narcoabogados de Ricardo Ravelo.

–Una periodista me puso el apodo y le dije: de lo que me acusas, te arrepentirás. Yo la amenacé. Ya murió.

–¿La mataron?

–No sé, nunca leo las actas de defunción para ver la causa de la muerte.

–¿Es usted muy vengativo?

–Absolutamente, sí.

–¿Es agnóstico, ateo, budista?

–Yo soy inmortal.

Secretísimo y protección

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Eso ha provocado que defensores de migrantes, como el sacerdotes Alejandro Solalinde, de Albergues en el Camino; fray Tomás González Castillo, del albergue La 72; Pedro Pantoja, de Belén, Posada del Migrante, y Marta Sánchez Soler, presidenta del Movimiento Migrante Mesoamericano, tengan la certeza de que en la masacre participó uno o varios militares.

Desde el principio supimos que esta masacre es un crimen de Estado. El Estado es el principal culpable por comisión y omisión. Todo esto tiene que ver con la política de encubrirse unos a otros, dice fray Tomás quien estará el próximo miércoles en San Fernando, junto al sacerdote Pedro Pantoja, para encabezar una manifestación por la impunidad que cubre la masacre.

“Queremos que aflore la verdad y se sancione a los culpables en todas las cadenas de mando: desde el presidente en turno hasta el último militar que ejecutó las órdenes de la masacre. El mismo lema de Los Zetas es el del Ejército: ‘siempre leales’ ¿Leales a quién? A órdenes de un superior. Exigimos justicia, porque sigue habiendo masacres de migrantes”.

Sobre la posibilidad de que sea este capitán o cualquier otro, exige la verdad y la apertura de los expedientes: No hay manera de comprobar oficialmente que es él, pero todo apunta a que el Ejército está más que metido en esto. El simple hecho de que el señor esté en un campo militar, no significa que esté preso, sino protegido por el Estado.

Pedro Pantoja

Igualmente piensa el sacerdote Pedro Pantoja, quien recuerda que uno de los sobrevivientes de la masacre fue resguardado por el sacerdote Francisco Gallardo y dio testimonio del acoso militar durante el camino hacia otra ciudad: Son siete años sin saber quiénes ni por qué los mataron. Es un territorio del terror en esta parte del noreste, con la complicidad, connivencia obscena, de las fuerzas armadas. El Ejército sigue contra los migrantes de forma despiadada, insultándolos y persiguiéndolos.

Martha Sánchez

Marta Sánchez recuerda que hay varios detenidos, pero no son los únicos: No son la cadena de mando; eso se nos ha ocultado. La cadena de mando llega muy arriba. No ha habido reparación del daño, no se ha cumplido el derecho a la verdad. Siempre en las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones ha habido participación del Ejército, y esta masacre tiene el mismo patrón de criminalidad.

Solalinde coincide con sus compañeros de lucha: Esta masacre tiene el sello del Ejército. Desde que vimos la imagen de los migrantes masacrados, todos en línea. Y si no es así, muy sencillo: que abran completamente los expedientes.

 

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