Los Moreira, denunciados por crímenes de lesa humanidad

Presentan pruebas sobre desapariciones forzadas en gobiernos de los Moreira

Víctimas de amenazas, quienes denuncian los crímenes de lesa humanidad en Coahuila

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Foto: El obispo Raúl Vera López (al centro) y Ariana Denise García Bosque, abogada de las familias que han denunciado los crímenes de lesa humanidad en Coahuila, dieron a conocer el acoso y las amenazas de que son víctimas por parte del gobierno de Rubén Moreira. Foto: Sanjuana Martínez

Sanjuana Martínez
Especial para La Jornada
Periódico La Jornada
Domingo 8 de octubre de 2017, p. 8
Saltillo, Coah.

Acoso y hostigamiento están sufriendo las personas que han denunciado a los hermanos Humberto y Rubén Moreira por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional (CPI).

A medida que el expediente de investigación es fortalecido con pruebas contundentes sobre las miles de desapariciones forzadas cometidas durante los gobiernos de los hermanos Moreira, se incrementan las amenazas y la persecución contra las familias, abogados y hasta contra el obispo de Saltillo, Raúl Vera, que encabezan la presentación del caso.

Nuestro principal agresor sigue siendo el gobierno de Coahuila. A lo que le temen es a ser evidenciados. Contamos con medidas federales por parte del mecanismo de protección, de la Secretaría de Gobernación, y todas las agresiones que se están dando es por nuestra defensa de los derechos humanos. Esto va más allá del acoso y del acecho, estamos sufriendo amenazas de muerte directas, dice en entrevista con La Jornada la abogada de las víctimas, Ariana Denise García Bosque, quien acudió ante Corte de La Haya, junto al obispo Vera, a presentar la denuncia por crímenes de lesa humanidad.

García Bosque cuenta que un policía de la actual Agencia de Investigación Criminal, de la Procuraduría General de Justicia de Coahuila, le dijo a su escolta: Este es al primero que nos vamos a echar, por lo cual están documentando las amenazas. En esa ocasión el agente empezó a dar indicaciones para señalar quién será el primero al que van a agredir, añade la abogada.

A ella no le queda duda que esto se debe a las represalias del actual gobierno de Rubén Moreira por el expediente presentado ante la CPI: Parte de las represalias contra las personas que conformamos estas organizaciones son estas agresiones de la policía de Coahuila. Con esto, el expediente ante La Haya se robustece, porque la propia ciudadanía se da cuenta de que el gobierno sigue haciendo uso de una fuerza excesiva para supuestamente investigar cualquier hecho.

Crímenes continuados

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Ante la próxima cita ante la CPI, las personas agrupadas en varias organizaciones –como Familias Unidas en la Búsqueda de Personas Desaparecidas, organización firmante, junto a la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)– que presentaron la denuncia en La Haya, siguen documentando los casos ante la indiferencia de las autoridades.

Después de tres años de estar trabajando sobre este tema, al día de hoy el estado no puede sostener sus teorías sobre el Centro de Readaptación Social de Piedras Negras o el caso de Allende, ni tampoco en las desapariciones forzadas. Por el contrario, nosotros, las asociaciones, sí tenemos documentados los casos de la participación del propio estado en las desapariciones, dice la abogada García Bosque.

Explica que los hermanos Moreira no han mostrado interés sobre este caso que denuncia los crímenes de lesa humanidad cometidos durante sus gobiernos: Ellos están tomando una postura de indiferencia y falta de interés sobre la propia denuncia, para no ser cuestionados. Obviamente lo que pretenden es que los medios de comunicación se olviden del tema, algo que estamos tratando de evitar.

Desde hace años, las familias han intentado sostener un diálogo con ambos gobiernos, pero no se ha dado: “Difícilmente se puede dar, cuando no han respondido a muchas preguntas de las familias de desaparecidos. No hay voluntad por parte del gobienro de Coahuila.

Por más que intentamos un diálogo, el gobierno vuelve a quebrantar la confianza de las familias. En las investigaciones no puede ser posible que encubran y solapen a policías que cometen estos delitos.

Mientras siguen documentando los hechos de la denuncia, las asociaciones siguen recibiendo nuevos y graves casos de tortura y privación ilegal de la libertad.

“Estamos añadiendo más casos. Uno de los crímenes de lesa humanidad que estamos señalando es el de la detención ilegal; también la tortura, y aunque la denuncia la presentamos en junio pasado ante la CPI, se siguen cometiendo hechos de este tipo.

La número uno de estas arbitrariedades es la tortura, luego la privación ilegal. Son dos de las violaciones de derechos humanos que se ven de forma recurrente y sistemática, reflejadas concretamente en Piedras Negras, agrega.

Delitos documentados

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García Bosque participó en un acto multitudinario de apoyo al obispo Raúl Vera, quien desde que acudió a La Haya está sufriendo la persecución judicial, acusado de protección a sacerdotes pederastas.

Ahora las personas que encabezan esta denuncia y quienes han ofrecido importantes testimonios y pruebas de los crímenes de lesa humanidad, están viviendo bajo medidas cautelares.

Estamos sufriendo acoso y hostigamiento. Constantemente hay tomas de fotografías en nuestros domicilios, y tenemos pruebas, porque contamos con cámaras de video que el mismo mecanismo de protección nos asignó, y en este momento podemos decir que elementos de la procuraduría, antes fiscalía, se apersonan en nuestras casas para estar tomando fotografías y espiarnos, dice la abogada.

Cuenta que uno de los más recientes casos que atendieron de presuntos delitos cometidos por policías fue el de una persona que fue agredida y retenida de forma ilegal por parte de agentes, bajo el argumento de tener una patrulla de Tamaulipas que compró en una subasta y le están queriendo fincar responsabilidades: Lo golpearon antes de indagar, lo torturaron. Y en este caso está involucrado el alcalde priísta de Piedras Negras, Fernando Purón Johnston, quien ha hecho declaraciones aberrantes sobre la detención ilegal de este ciudadano.

Además, han documentado el hecho ocurrido el pasado 4 de octubre, en que integrantes de la Policía de Investigación Criminal, de la Procuraduría General de Justicia de Coahuila –los antiguos ministeriales–, privaron de la libertad a otra persona.

La víctima estaba siendo privada de su libertad a bordo de un automóvil particular, donde elementos de la Agencia de Investigación Criminal lo estaban amenazando. De forma inmediata nos fuimos a presentar la denuncia y vimos que ingresó el vehículo y la esposa reconoció a uno de los policías. En ese momento más de 10 integrantes de esa corporación me rodearon y trataron de retirar a los escoltas que tengo asignados por parte del mecanismo, para encubrir el delito que se había cometido. Y empezaron a agredirme cuando identificamos al policía Sergio Parra, que lo tenemos captado en videos como prueba.

Añade: En otra ocasión han intentado desalojarnos del edificio de la procuraduría porque teníamos plenamente identificados a los perpetradores de esta privación ilegal. Recientemente, en otra diligencia sobre policías de esta agencia de investigación utilizaron para una persecución un vehículo que estaba resguardado. Quebrantaron una cadena de custodia para usar un automóvil que estaba consignado dentro de un proceso y lo colisionaron. Para ocultarlo manipularon el auto queriendo repararlo, y al verse descubiertos cometieron una agresión hacia mi persona.

Apoyo de la CEAV

A pesar del hostigamiento y las amenazas que están sufriendo, las familias siguen esperando el apoyo económico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y una reunión con su presidente, Jaime Rochín.

Nos interesa conocer más a fondo el principio de atracción para la protección de las víctimas de desaparición. Sentimos que se está dejando de lado a las familias que fueron víctimas antes de marzo de 2011.

De acuerdo con sus datos, de marzo de 2011 en adelante hay un incremento en la victimización de familias de desaparecidos, que han quedado en el desamparo.

El gobierno de Coahuila no cuenta con un fondo de ayuda por parte de la CEAV y eso imposibilita que las familias tengan una protección verdadera. La Federación, desde dicha comisión, tiene la obligación de hacer uso del principio de atracción cuando el estado no cuente con este fondo de ayuda.

Por tanto, están solicitando que la atracción no se límite a la temporalidad: No podemos limitar a víctimas de uno u otro año, para que puedan ser partícipes de este beneficio. Entraríamos en una falta de equidad y discriminación contra las familias que fueron víctimas antes de marzo de 2011.

Por último, consideró que la próxima etapa de la denuncia ante la CPI, podría darse en noviembre próximo: Seguimos trabajando para presentar otro tipo de probanzas. Así se apertura la etapa preliminar, que da inicio al estudio de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Coahuila.

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