Impunidad en caso Nochixtlán

El gobierno quiere alargar el asunto y que los crímenes de Estado queden en el olvido

A seis meses de los hechos en Nochixtlán, en el caso reina la impunidad: pobladores

La PGR sigue sin abrir una averiguación contra los agentes federales responsables, señalan

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Foto: En Nochixtlán permanecen las huellas de la violencia desatada hace seis meses. Foto: Sanjuana Martínez

Sanjuana Martínez
Especial para La Jornada
Periódico La Jornada
Domingo 18 de diciembre de 2016, p. 8
Nochixtlán, Oax.

A seis meses de los hechos ocurridos en este lugar, los vehículos quemados en medio de la carretera recuerdan lo que sus habitantes han llamado crimen de Estado y que está expuesto en las mantas de protesta con las fotos de Enrique Peña Nieto y Aurelio Nuño: Asesinos del pueblo. 19 de junio. ¡No mover evidencias! Ni perdón ni olvido. Justicia para los caídos y heridos.

Parece una zona de guerra. Los vehículos atravesados y el retén durante algunas horas del día recuerdan el Operativo Nochixtlán, mediante el cual la Policía Federal ejecutó a seis civiles que participaban en un bloqueo carretero, crímenes que siguen impunes.

La PGR (Procuraduría General de la República) y la Secretaría de Gobernación están protegiendo a los policías, no hay ningún detenido, no hay ni siquiera una averiguación previa ni castigo para los autores intelectuales ni materiales de este crimen de Estado. El gobierno de Enrique Peña Nieto quiere darle carpetazo a la masacre, pero no lo vamos a permitir. Vamos a seguir exigiendo justicia, dice en entrevista con La Jornada Santiago Ambrosio Hernández, portavoz del Comité de Víctimas Por Justicia y Verdad, 19 de Junio, Nochixtlán.

El procurador Raúl Cervantes Andrade se ha negado a tomar declaración a los 55 heridos y testigos de los hechos; por el contrario, señala Ambrosio Hernández, la PGR ha protegido a los policías desde el principio: Las investigaciones de la procuraduría no se están dando con apego a la ley; ellos vienen sesgando todo para proteger a los policías. Cuando vinieron no traían ni el expediente, no conocían ni el área donde sucedió toda esta masacre que hizo el Estado. El expediente se compone de 11 mil 487 hojas y no lo conocían ni traían croquis de donde se tenían que hacer las investigaciones periciales.

Añade: En términos jurídicos no hay avance. La PGR entregó unos expedientes incompletos, no aparecen videos, audios ni fotografías. Han querido hacer una investigación por separado y fraccionada. Al gobierno lo único que le preocupa es el video donde aparecen policías disparando a la población civil y que demuestra los crímenes. Lo que queremos es que primeramente declaren nuestras víctimas y que 15 días después se haga la investigación ocular de los hechos. Pero la procuraduría no ha querido recibir las declaraciones de las víctimas.

Promesas incumplidas

La maestra Martha Martínez Montes camina por la plaza principal de este pueblo ubicado a unos 45 minutos de Oaxaca y las paredes aún quemadas de la presidencia municipal le recuerdan lo sucedido el pasado 19 de junio. “Esto fue un crimen de Estado, pero el gobierno quiere imponer su verdad histórica diciendo que los policías no traían armas y que fue un enfrentamiento. Mentira, Nochixtlán fue una masacre. Venían dispuestos a matarnos”, dice en entrevista.

Comenta que ella filmó videos que demuestran los asesinatos y dice que ese día estaba al lado de la tristemente famosa vulcanizadora Reyes, donde aún permanece la imagen pintada en la pared de un policía disparando: Lo que demuestra que los agentes querían matarnos es que si ya nos habían desalojado de la carretera, por qué nos siguieron hacia el pueblo. ¿Por qué esa saña de perseguirnos a balazos?

Santiago Ambrosio coincide con este testimonio: El Estado está haciendo todo a su alcance para proteger a la Policía Federal. Hay suficientes pruebas, videos y fotos que señalan a la policía. Las víctimas ya han pasado la fase del miedo. Fueron hostigados por vía telefónica, pero ya están enfrentando la situación, están en la disposición de dar declaraciones.

El Comité de Víctimas rechaza la verdad histórica del gobierno, que sigue sosteniendo la versión del enfrentamiento y la acusación de responsables en ambos lados.

“Es mentira lo que han dicho la Secretaría de Gobernación y la PGR de que Nochixtlán volvió a la calma. No nos han dado la atención que corresponde. El gobierno les suspendió la terapia a 55 compañeros heridos.

El argumento que da la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para no atenderlos es que ya no tienen recursos. Según ellos, a los compañeros que ya les cicatrizó la herida ya están bien, cuando no es así. Ellos tienen que llevar todavía un seguimiento médico.

Añade: Nosotros estamos exigiendo que a los heridos se les vuelva a dar la atención de manera inmediata, porque hay compañeros que necesitan rehabilitación en una pierna o en un brazo donde fueron heridos de bala. Y también a quienes perdieron una parte de órgano, como a un herido donde la bala le afectó el hígado, el intestino y el pulmón, y a otro a quien le tuvieron que extirpar el bazo.

A los heridos y los familiares de los fallecidos se les otorgaron gastos médicos y funerarios por 4 millones 700 mil pesos, según dice, pero aclaró que esa cantidad no significa la reparación del daño que las víctimas siguen esperando.

–¿Con este pago el gobierno ha querido callarlos?

–Lo han buscado. Han querido dividir al movimiento, agarrar compañeros por separado, darles dinero. Con quien hemos tenido más ruptura es con Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, encargado del caso Nochixtlán, porque no ha cumplido sus promesas.

Secuelas

El maestro Macario López, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), fue testigo de los hechos y tampoco ha sido llamado a declarar por la PGR: Yo viví desde el inicio la represión. Eran cuarto para las 8 de la mañana y llegaron los policías federales abajo del puente, donde había un grupo de 80 personas. Estaban atravesados algunos tráilers y lo primero que hicieron fue lanzar gas lacrimógeno para desalojarnos.

Explica: Nos replegamos hacia el panteón. Y dimos alerta a todos los compañeros por celular, se tocaron las campanas de la iglesia, se lanzaron cohetes, eran las señales para reunir a la gente. Como a las 10 llegó un helicóptero desde donde bajaron policías de la Gendarmería y es cuando todos empezaron a dispararnos. La orden era matarnos, a como fuera, querían desaparecer, quitar a los compañeros del bloqueo de manera violenta.

Macario fue testigo de la muerte de sus compañeros: Yo vi dónde cayeron tres compañeros. Allí mataron a Yalid Jiménez Santiago, quien vestía de rojo. Luego en el hotel nos enteramos de que habían fallecido otras dos personas.

Para su sorpresa, cuando los funcionarios de la PGR fueron a realizar el peritaje, dice, sólo se quedaron con la versión de los policías: “La procuraduría basó todo en los testimonios de los policías federales, estatales y de la Gendarmería; en ningún momento les tomaron declaraciones a los compañeros heridos o golpeados. El gobierno quiere hacer una investigación basada en la parte que reprimió y asesinó. Ni siquiera tienen un informe de las balas que mataron a nuestros compañeros.

Las autoridades quieren la impunidad, quieren alargar el asunto para quitarle tensión y que estos crímenes de Estado queden en el olvido.

Cuando el maestro Macario López pasa por la carretera y observa los vehículos quemados, defiende la posición de las víctimas: Los dejamos como una evidencia de los hechos; hasta este momento seguimos esperando el peritaje que tome en cuenta a las víctimas, por eso lo mantenemos allí.

Añade: Estamos exigiendo castigo a los culpables, que haya una reparación integral de daños, atención medica especializada para cada una de las víctimas, como prometió Roberto Campa, quien nos dijo que incluso se les atendería en el extranjero. Nada de eso se ha cumplido. Hay compañeros con secuelas físicas y sicológicas por las balas. Familias se quedaron sin un padre, sin un hijo.

En la colonia 20 de Noviembre aún recuerdan el 19 de junio, día en que los policías federales lanzaron gases lacrimógenos a sus habitantes y dispararon sus armas sobre sus casas de lámina y cartón.

Amalia Cruz García muestra las rendijas de su casa por donde se colaron los gases ese día: Lo que hice fue meter a mis hijos a la casa, pero entró el gas por las rendijas. Y empezamos a sentirnos mal, vomitábamos, nos ardían los ojos, toda la cara.

Giovanni, su hijo de cinco años, juega con su hermano Yahir e interviene: A mi maestro le aventaron una bomba y lo lastimaron. Tenía los ojos rojos porque le echaron gas, dice mientras muestra su paupérrima escuela hecha con láminas y que tiene piso de tierra.

Amalia pensó que iban a morir: Los policías vinieron a agredirnos, llegaron disparando. Aquí estuvieron desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde; nomás se escuchaban las balas.

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