49 torsos, la masacre de Cadereyta sigue impune

Necesitamos acudir a instancias internacionales, señala familiar de una de las víctimas

En el caso de la masacre de Cadereyta el Estado ha negado el derecho a la justicia

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FotoProtesta para exigir justicia por el asesinato de 49 personas en Cadereyta, Nuevo León. Foto: Sanjuana Martínez

Sanjuana Martínez
Especial para La Jornada
Periódico La Jornada
Domingo 12 de noviembre de 2017, p. 14
El hondureño José Dolores Suazo Mejía tiene un pesar muy grande que no le deja vivir en paz. Quiere recuperar los restos completos de su hermano Mauricio Francisco, uno de los 49 migrantes asesinados en Cadereyta, Nuevo León: El Estado mexicano tiene una deuda con nosotros. No nos ha repatriado todos los restos de los 49. Nos deben los cráneos. Nuestros familiares están incompletos, señala.

La recomendación 8VG/2017 emitida hace unos días por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) considera que existen graves violaciones a las garantías individuales en el caso de la masacre ocurrida en Cadereyta el 13 de mayo de 2012, cuando fueron lanzados a una cuneta de la carretera Monterrey-Reynosa 49 torsos, sin cabeza, piernas ni brazos.

Hay cosas rescatables del documento de la CNDH, pero creemos que hay ambigüedades que nos desconciertan, dice en entrevista con La Jornada Suazo Mejía, integrante del Comité de Familiares Migrantes y Desaparecidos del Centro de Honduras (Cofamicenh).

Aquella imagen dantesca que los familiares de las víctimas vieron a través de los medios de comunicación los sigue atormentando: Cadereyta no es un caso aislado de masacres en México. Aquello fue un desastre medieval, una carnicería completa; son cuestiones que nos dejan marcados para toda la vida. Es una deuda impagable la que tiene el Estado mexicano con las familias de Honduras, de Cadereyta y Tamaulipas.

En la recomendación de la CNDH se demanda un perito para evaluar la reparación del daño a los familiares de los 49, pero más allá de la cuestión económica, les preocupa el acceso a la justicia, que cinco años después no han obtenido.

¿Cuánto vale una vida? No hay quién me responda esa pregunta. La vida es invaluable. El dinero podemos tenerlo, pero me falta mi hermano y a él lo perdimos para toda la vida. ¿Cuánto me pueden reintegrar por el daño a mi hermano, a la salud de todos, a mi familia y a las demás familias?, se pregunta Suazo Mejía.

Sin consignaciones

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Gracias al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y del Equipo Argentino de Antropología Forense se han podido identificar algunas de las 49 víctimas: 10 hondureños, dos nicaragüenses y un mexicano.

Costó mucho identificar todos los restos, por la forma en que mataron a las víctimas. Fue un desastre completo: pedazos de brazos, antebrazos, piernas y sin cabeza; sólo quedaron los torsos. Si el equipo argentino no hubiera estado presente con la toma de ADN, estaríamos esperándolos todavía, lamenta.

A pesar de que la Procuraduría General de la República (PGR) tiene más de 16 tomos de expediente judicial y la Procuraduría de Justicia de Nuevo León cuenta con otros cuatro más, no hay ni una persona consignada por la masacre.

En entrevista, Tirza Flores Lanza, la abogada en Honduras de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, explicó que están satisfechos en parte con la recomendación de la CNDH, pero aclaró que lo negativo del documento son las omisiones.

Principalmente “faltó mencionar la responsabilidad del Estado mexicano en los hechos, por ejemplo, que no se pronunciara sobre las irregularidades de la investigación desde que fue creada la Unidad para Personas Migrantes.

Tampoco señala la responsabilidad de integrantes de la Policía Federal, el Ejército o la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada en la negligencia de la indagatoria.

Añade: El Estado es responsable tanto por acción como por omisión. El hecho de que no se resguardara la escena del crimen ni que haya existido debida diligencia en la investigación es responsabilidad del Estado, más allá de que los autores de la masacre pueden haber sido actores estatales o no.

Dice que la recomendación no se pronuncia sobre la tardanza en la identificación de las víctimas. Los familiares hondureños esperaron más de dos años para que les entregaran los restos de sus seres queridos: Hubo dilación que causó mucha incertidumbre y mucho dolor para las familias.

Explica que la lucha que viene es lograr una reparación integral y digna para los familiares de las víctimas: Una compensación monetaria no es suficiente. Tienen el derecho a una indemnización, pero también a medidas restitutorias y rehabilitación. Ellos necesitan medidas de satisfacción, como que la investigación sea exhaustiva y se les permita participar.

La recomendación de la CNDH señala específicamente al gobernador Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, que ofrezca disculpas a las familias: En un principio el gobierno dijo que la masacre fue por un ajuste de cuentas entre bandas rivales. Y ahora está plenamente comprobado que eran migrantes, no delincuentes.

Por eso, Suazo Mejía insiste: Satanizaron a nuestras familias diciendo que eran arreglos de cuentas de bandas criminales. No puedo hablar sólo por mi hermano; a ninguno de los 49 se les ha hecho justicia. Aparte culpan a nuestros familiares de eso, sin haber una investigación formal. La justicia no ha llegado. Después de cinco años vemos más arraigada la injusticia. A pesar de muchas solicitudes, muchos reclamos y todo, vemos que no hay responsables, ni una buena investigación.

Ayuda del exterior

Para el activista, la recomendación de la CNDH no está completa, porque tampoco lo está la investigación judicial, que no ha dado resultados sobre los perpetradores.

No ahondan en los sucesos, en la investigación ni en en las responsabilidades. No hay un informe completo, nos han limitado el acceso a la información, no nos prestan los expedientes, y si nos los dan dicen que es información clasificada. La CNDH soslaya esas cosas. La recomendación debería haber sido más contundente. Nos están negando nuestro derecho a la justicia.

Añade: “No habrá culpables hasta que no haya una investigación exhaustiva.

A nuestros familiares los trajeron por tres estados, por 430 kilómetros, y cómo es posible que no hubiera un retén militar o policial. Eso nos deja con grandes dudas. Esperamos no haber fallecido para ver la justicia.

Sin embargo, aclara que tendrán que acudir a instancias internacionales, como la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) Necesitamos expertos extranjeros que tomen el caso de Cadereyta, porque el gobierno de México no ha sido capaz de darnos respuesta. A cinco años y medio de la masacre no sabemos nada. Queremos tener una verdadera justicia.

José Dolores dice que siempre trae en la mente a su hermano Mauricio Francisco, su gemelo idéntico: Todo esto nos confunde, nos quita la paz, nos deprime. Hace casi dos años murió mi mamá. Se enfermó después de esto. Y no alcanzó a ver la justicia para mi hermano.

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